El verdadero cártel opera desde Washington
Mientras Washington acusa a otros países de alimentar su crisis de drogas, investigaciones revelan una sofisticada estructura criminal que opera desde Wall Street hasta el Pentágono, generando billones de dólares con protección institucional.
Estados Unidos gasta miles de millones en una guerra diseñada para no ganar, porque su propio sistema ha creado las condiciones para su derrota perpetua. Foto: EFE
12 de septiembre de 2025 Hora: 19:25
El gobierno venezolano desnudó recientemente la hipocresía estadounidense en materia antidrogas durante una contundente rueda de prensa internacional. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez expuso cómo Washington funciona como el principal centro mundial de lavado de dinero del narcotráfico, mientras culpa a otros países de una crisis que alimenta desde sus propias instituciones.
«Estados Unidos se ha convertido en el centro de lavado del narcotráfico. Estados Unidos no combate el narcotráfico, lo facilita», declaró Rodríguez, cuestionando la doble moral de un gobierno que señala a Venezuela mientras enfrenta una crisis mortal: más de 100.000 estadounidenses mueren anualmente por sobredosis de fentanilo en territorio norteamericano.
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La denuncia venezolana coincide con revelaciones periodísticas que demuestran la existencia de una sofisticada estructura criminal operando dentro del territorio estadounidense con total impunidad. Investigaciones del periodista J.J. Esquivel en «Los narcos gringos: Una radiografía inédita del tráfico de drogas en Estados Unidos» revelan que el narcotráfico estadounidense no es simplemente un problema de cárteles extranjeros, sino una industria doméstica que involucra élites políticas, financieras y militares.
La simbiosis gobierno-droga como política de Estado
El académico y exdiplomático canadiense Peter Dale Scott, en «Washington y la política de las drogas», -citado por Misión Verdad– plantea que la denominada «guerra contra las drogas» debe entenderse más allá del discurso oficial. Scott sostiene que mientras se hablaba de reducir la oferta en países productores y la demanda en ciudades estadounidenses, se tejieron alianzas con redes de narcotráfico, ejércitos y agencias de inteligencia para operaciones anticomunistas y contrainsurgentes en distintas regiones del mundo.
«La conexión protegida entre inteligencia y narcotráfico —lo que llamo la simbiosis gobierno-droga— ha sido responsable de los mayores cambios en los patrones y niveles del tráfico de drogas», resume Scott, cuya investigación recorre distintos escenarios donde la política exterior de Washington, bajo la bandera de seguridad nacional, se entrelazó con los intereses del narcotráfico.
Durante la posguerra, la CIA respaldó a la mafia siciliana en Italia y la mafia corsa en Marsella, consolidando rutas de heroína hacia Europa y Estados Unidos. La epidemia de heroína en territorio estadounidense durante la guerra de Vietnam se disparó y descendió al mismo ritmo que aumentaba o disminuía la presencia militar en el sudeste asiático. En 1984, el 52% de la heroína consumida en Estados Unidos provenía de la frontera afgano-pakistaní, dominada por los muyahidines aliados de la CIA contra la ocupación soviética.
Los arquitectos del crimen organizado
Esquivel documenta la existencia de los denominados «narcos sajones»: narcotraficantes estadounidenses de élite que operan desde Wall Street, universidades prestigiosas y círculos de poder político. Estos individuos, pertenecientes a la clase alta no hispana, fueron los pioneros en introducir cocaína a los centros neurálgicos del poder estadounidense durante las décadas de 1970 y 1980.
Lejos de ser simples distribuidores, estos actores funcionan como los arquitectos intelectuales del narcotráfico moderno. Desarrollaron las estrategias financieras y logísticas que transformaron el tráfico de drogas en una industria multimillonaria, capacitaron a narcotraficantes latinoamericanos en técnicas de evasión de radares y crearon los protocolos de lavado de dinero que operan actualmente.
La estructura cuenta con «brokers» que actúan como intermediarios centrales entre los cárteles extranjeros y la distribución callejera. Sin estos operadores, organizaciones como los cárteles de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación no habrían prosperado. Los brokers manejan narcobodegas ubicadas estratégicamente en suburbios de clase media para evitar sospechas, contratan narcocamioneros y coordinan con pandillas urbanas para la distribución final.
Wall Street: la gran lavandería del narcotráfico
En 2012 se reveló un caso emblemático de complicidad institucional. Grandes bancos como HSBC, Wachovia, JP Morgan y Citigroup lavaron cientos de miles de millones sin enfrentar cargos penales reales.
HSBC admitió lavar más de 7.000 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa y otros grupos, además de 1.000 millones para bancos vinculados con Al Qaeda. La entidad pagó únicamente una multa simbólica de 1.900 millones de dólares. Wachovia fue multada con apenas 160 millones por lavar 378.400 millones, sin que ningún banquero fuera encarcelado.
El gobierno estadounidense, incluido el Departamento de Justicia y reguladores como la Oficina del Contralor de la Moneda, permitió que estos bancos escaparan de consecuencias graves bajo el argumento de que enjuiciarlos podría «desestabilizar el sistema financiero global». Las autoridades optaron por acuerdos de procesamiento diferido bajo la premisa de que los bancos son «demasiado grandes para quebrar» o «demasiado grandes para encarcelar».
El Pentágono como narcoestado
El caso de Fort Bragg revela una red criminal integrada por militares en activo, veteranos y civiles que funcionaba como un «cártel paralelo» con vínculos directos con Los Zetas en México. La primera administración de Donald Trump no solo ignoró estas crisis, sino que trabajó activamente para desmantelar los frágiles mecanismos de rendición de cuentas.
Al perdonar a militares acusados de crímenes de guerra como el teniente Matthew Golsteyn y el sargento mayor Edward «Eddie» Gallagher en 2019, Trump envió un mensaje claro de impunidad a las tropas de élite. Esta cultura de excepcionalismo exaltó la violencia fuera de combate y debilitó la disciplina, coincidiendo con un aumento en el tráfico de drogas y violencia doméstica en bases militares.
El periodista Seth Harp reveló en sus investigaciones cómo las fuerzas especiales de Fort Bragg construyeron su propio cártel paralelo con conexiones directas a Los Zetas mexicanos. Su trabajo documenta una realidad que el Pentágono prefiere silenciar: militares de élite aprovechando su entrenamiento y acceso privilegiado para edificar redes criminales que rivalizan con los cárteles que supuestamente combaten.
Estados Unidos es también el principal proveedor de armas para los cárteles mexicanos. En 2021, México demandó a 11 empresas estadounidenses por facilitar tráfico ilegal de armas dirigidas a organizaciones criminales. El «tráfico hormiga» —civiles estadounidenses y dueños de armerías que compran legalmente arsenales para cruzarlos ilegalmente hacia México— es la técnica más utilizada y difícil de detectar.
Los mismos vehículos que transportan drogas hacia Estados Unidos regresan cargados de armas de alto calibre hacia México, cerrando un ciclo perverso protegido por las propias autoridades estadounidenses como la DEA, que se benefician en ambos extremos de la cadena criminal.
Una tragedia humanitaria
Mientras Estados Unidos militariza la región y acusa a países latinoamericanos, enfrenta una crisis interna devastadora que las estadísticas oficiales no pueden ocultar. Las muertes por sobredosis superan 1.15 millones desde 1999, con 107.941 fallecimientos solo en 2022.
La campaña «El Cartel está en el Norte» documenta cómo ciudades como Indianápolis y Oklahoma City se convirtieron en epicentros de la sobreprescripción de analgésicos opioides por grandes farmacéuticas. Cuando llegaron las restricciones, los usuarios migraron masivamente hacia heroína y fentanilo.
Las ciudades de Tulsa (Oklahoma), Wichita (Kansas) y Omaha (Nebraska) son emblemáticas de la fractura socioeconómica que alimenta la crisis. Se trata de regiones que dependían de manufactura, agricultura y empleos de baja cualificación, donde la deslocalización de fábricas y la automatización crearon zonas de desesperanza económica en las que las drogas se volvieron un escape o incluso una «economía informal» de supervivencia.
Simultáneamente, Phoenix, Las Vegas y Mesa operan como nodos logísticos de organizaciones criminales mexicanas que distribuyen metanfetamina y fentanilo. Su ubicación geográfica estratégica facilita el acceso y la coordinación con redes de distribución nacional.
Estados Unidos mantiene el consumo de drogas ilícitas más alto del mundo, con el 26% de la población entre 15 y 64 años reportando consumo de sustancias ilícitas anualmente. El fentanilo ilegal causó 72.776 muertes en 2023, una crisis que tiene raíces en la sobre prescripción de analgésicos por parte de una industria médica que priorizó ganancias sobre salud pública.
Estados Unidos gasta miles de millones en una guerra diseñada para no ganar, porque su propio sistema ha creado las condiciones para su derrota perpetua. Mientras Washington mantenga su doble discurso, señalando a otros países mientras protege a sus propios narcotraficantes, la crisis continuará profundizándose tanto en territorio estadounidense como en las regiones que sufren las consecuencias de esta hipocresía institucionalizada.
Autor: teleSUR: DRB
Fuente: Misión Verdad
